La Ley 1-24 sobre el DNI es el mayor atentado contra la libertad individual y el derecho a la privacidad cometido en la historia democrática del país. Una ley de un talante autoritario propio de épocas que pensábamos superadas, que desdibuja en una sola pieza el sustrato esencial de nuestra democracia. Es una ley oscura, aprobada con procedimientos dudosos y contrarios a la transparencia legislativa, que merece el repudio nacional, tal como lo han expresado importantes actores sociales, de la comunicación y políticos. Otorgarle a un órgano de investigación, en este caso el DNI, la libertad para reducir derechos constitucionales sin tutela judicial y sin transparencia ante el congreso, equivale a dejar sin efecto las garantías constitucionales y la vigencia del Estado Social y de Derecho proclamados por nuestra Constitución. Todo esto tomando como excusa el concepto de seguridad nacional. A partir de la vigencia de esta pieza la República Dominicana se convierte en un estado policial donde la autoridad no tiene límites, ni políticos ni jurídicos para espiar, interrogar y atosigar a todo aquel que sea considerado un peligro público al sólo criterio de aquellos que detenten el poder. Ante este desatino se impone la necesidad de acción política y ciudadana para dejar sin efecto ese desatino. El camino de la manifestación y la movilización cívica es irrenunciable. Recurrir al Tribunal Constitucional la vía más expedita. Lo penoso es que la mayoría mecánica oficialista que la impuso, no ceja en su afán de justificación a la aprobación de este soberano desatino. Lucharemos
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